El Perú enfrenta dos problemas críticos que requieren de un Estado que actúe con firmeza y agilidad. De un lado, el país se desangra por la inseguridad ciudadana y el crimen organizado; y por el otro, enfrentamos un fenómeno El Niño (FEN) que ya golpea actividades como la pesca o el agro y que amenaza con tener una magnitud destructiva sin precedentes en las próximas semanas.

A ello se suman, además, problemas estructurales que no han sido atendidos por años en materia de salud, educación, saneamiento, infraestructura, desarrollo productivo, entre otros.

Por ello, el Gobierno solicitó al Congreso con carácter de urgencia la delegación de facultades legislativas, que es un mecanismo constitucional habitual en nuestro país. Solo entre los años 2001 y 2016, el Ejecutivo emitió 316 decretos legislativos al amparo de las delegaciones otorgadas por el Congreso.

Sin embargo, el papel que está jugando el actual Congreso, en particular la oposición, es de obstruccionismo. Comisiones que rechazan informes, maltratan a los funcionarios que asisten a sustentarlas y solo dilatan plazos. Como si no estuviésemos en una emergencia.

Están demostrando, en su mayoría, que no les interesa atender los problemas del ciudadano, y que solo siguen con la politiquería y la confrontación como si estuviesen en campaña. No les interesa el país y la población solo exige resultados ante esta situación crítica.

La delegación de facultades no es un cheque en blanco. Denles la oportunidad de mostrar; luego fiscalicen y critiquen, pero dejen avanzar. ¡No podemos esperar más!

La imagen del Congreso ya está deteriorada, pero parece que éste se llevará el galardón dada la situación extraordinaria que vivimos. Los peruanos requerimos celeridad en nuestras autoridades y no queremos al perro del hortelano.