La Comisión de Constitución del Congreso ha llegado a una conclusión: permitir al Ejecutivo modificar el Código Penal para sancionar a aquellos que incitan disturbios en las marchas de protestas. Esta medida, que busca mantener el orden interno, ha generado preocupación por su potencial impacto en la libertad de prensa. Bajo esta propuesta legal, los periodistas y comunicadores que apoyen la convocatoria de manifestaciones podrían ser sancionados.
Es evidente el trabajo en pared del Ejecutivo y Legislativo en los últimos tiempos. Han conformado una sociedad que se sabe fuerte. Los une la necesidad de durar como sea hasta el 2026 y su resquemor contra la prensa. Por ello, no es extraña su velada amenaza a la libertad de expresión.
El desafío del Gobierno y el Congreso es sacar adelante leyes bien claras en su definición de lo que constituye incitación a disturbios y garantizar que no se utilicen para reprimir la libertad de prensa. Además, debe discutir racionalmente las normas adecuadas para salir de este estado de inseguridad interna. Estos poderes del Estado no pueden andar a tientas en un asunto tan complejo.
Estamos de acuerdo en penalizar a los extremistas que usan las protestas para generar violencia, bloquear carreteras, tomar aeropuertos, destruir propiedades y atacar a las fuerzas del orden, como un eco ominoso del pasado, pero eso no puede ser pretexto para suprimir ciertas libertades que son pilares de la democracia.
