Ayer hemos alertado en Correo que en la ciudad de Trujillo hay 16 zonas expuestas a inundaciones debido a que en los últimos meses no se han terminado los trabajos de protección, limpieza y descolmatación, vitales para evitar que las lluvias propias de los meses de verano causen estragos en la gente y sus propiedades, y más si desde hace algunas semanas se ha advertido un eventual Niño Costero como el que afectó seriamente la capital liberteña en 2017.
Un día antes, el lunes, en este mismo diario, dimos cuenta de un estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que advierte a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que hay 30 obras de defensas ribereñas y drenajes con retrasos o paralizaciones en La Libertad, Áncash y Lima, debido principalmente a que el presupuesto ha quedado corto, a pesar de que estos trabajos que debieron estar listos por lo menos hace dos meses, permitirían proteger a por lo menos 90 mil peruanos expuestos.
El informe advierte que una de las obras inconclusas es precisamente la defensa de la quebrada San Idelfonso, en El Porvenir, Trujillo, donde por estos días el Gobierno Regional de La Libertad, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la propia ANIN vienen trabajando contra el reloj para retirar desmonte y residuos que agravarían un eventual desborde. Todo a última hora, cuando se pudo trabajar, responsablemente, con meses de anticipación. ¿Qué van a decir si el barro y el lodo terminan dentro de las casas?
Mientras tanto, un poco más al norte, en Piura, una lluvia de apenas hora y media registrada en la madrugada de ayer demostró la ineficiencia de los sistemas de drenaje de la ciudad, especialmente en la urbanización Ignacio Merino, en el mismo centro, en El Chilcal, la avenida Loreto y varias zonas del distrito de Castilla. Se supone que de por medio hubo una “reconstrucción con cambios”, pero no hay duda que todo sigue igual y que el ciudadano expuesto es la última rueda del coche.
Si un país con lluvias, huaicos e inundaciones recurrentes no puede destinar los recursos necesarios para atender situaciones que sí o sí van a suceder, o no es capaz de gestionar los fondos que hay en las arcas públicas para proteger al peruano vulnerable a la fuerza de la naturaleza, entonces todo tiene que estar de cabeza en el Estado. El problema no empezó con José Jerí ni con Dina Boluarte, viene de mucho tiempo atrás, quizá de décadas, pero los gobiernos pasan y el problema persiste.
