El país es testigo de otro capítulo más de la lucha de poderes. Esta vez el episodio es crítico porque el Congreso de la República está obligando al presidente Pedro Pablo Kuczynski a que se presente ante la comisión que investiga el caso “Lava Jato”.

Es evidente que las respuestas por escrito del jefe de Estado ante dicho grupo de trabajo, sobre la concesión de la Interoceánica Sur, cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, no dejaron satisfechos a los legisladores de la oposición.

Ante ello, la Comisión de Constitución determinó que PPK tiene la obligación de comparecer ante la mencionada comisión investigadora. Muchos han interpretado esto como parte de la frecuente intolerancia de la bancada fujimorista contra el Gobierno, lo que está marcando la vida política de la nación.

Lo cierto es que, si estos hechos suceden, sea por consignas o por convicción, poco favor le hacen a la convivencia política y al sistema de acuerdos. El Ejecutivo y el Congreso, que deberían tener como objetivo elaborar planes y forjar leyes para que el país sea mejor, siguen enfrentándose, haciendo parecer que su meta es quién neutraliza y bloquea mejor al otro. La política destructiva está creciendo y queda de lado organizar algo productivo.

Nadie está en desacuerdo con que se conozca la verdad sobre el papel que desempeñó el presidente Kuczynski en la concesión de la carretera Interoceánica; sin embargo, resulta temerario el ánimo confrontacional y agresivo de la oposición como contrapunto a la poca elocuencia del jefe de Estado sobre este tema.