En el pleno del pasado jueves, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que procesará como adultos, con penas de hasta con cadena perpetua, a los menores de 16 y 17 años que cometan delitos de sicariato, extorsión y secuestro.

En medio de la escalada criminal que viene sufriendo nuestro país, esta norma parece una medida razonable, pero solo demuestra cómo la clase política está claudicando en su labor educativa y resocializadora. Además, que reafirma su postura reactiva ante estas situaciones, en vez de actuar de manera preventiva, y olvida que una de las principales funciones del Estado es proteger a los niños, niñas y adolescentes.

No estamos en contra de que los delincuentes sean sancionados, pero está demostrado que ningún adolescente está lo suficientemente formado, tanto física como mentalmente, para decidir por si mismo convertirse en miembro de una organización criminal.

A esto hay que sumarle que las cárceles en el país tampoco cumplen son su fin resocializador y lo único que lograrán es que estos adolescentes tengan un curso superintensivo de criminalidad y que al recuperar su libertad, la gran mayoría vuelva a delinquir. Solucionar la escalada criminal no solo pasa por el incremento de penas, tiene que haber una labor educativa también.