No existe una sola razón para que este Gobierno continúe más allá del 28 de julio, pero sus tretas y corruptelas para hacer de un sector del Congreso cómplice de sus fechorías, ha impedido que se imponga la lógica imperiosa de jalar la cadena y enviar a esta caterva delictiva por las aguas servidas de la inmundicia. Pero si Pedro Castillo logra, contra todos los pronósticos, sobrevivir a este 28 de julio, el peor de la historia del país, no habremos de permitir que llegue al próximo.
Existen en el Parlamento una serie de opciones debajo de la vacancia y que pasan, fundamentalmente, por las acusaciones constitucionales por traición a la patria y el caso Sarratea pero poco o nada se ha dicho de la posibilidad que el avance de las pesquisas y las prominentes pruebas que obran en el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deriven en una decisión contundente y expeditiva en el marco de sus atribuciones. Un presidente corrupto es, evidentemente, un violador de la Constitución.
No hay nada que mancille más la figura más elevada de la estructura de la Nación que un presidente permanentemente dedicado a las vomitivas y putrefactas gárgaras de la coima. Si concluida su investigación preliminar, en el plazo de 8 meses, los audios abundan, los cruces coinciden, los documentos encajan y se hace evidente que la última pieza del rompecabezas la tenía Castillo, es una obligación moral de Benavides denunciar constitucionalmente al presidente ante el Congreso.
A diferencia de otras instancias, tiene lo más importante para justificar su decisión y cumplir con la obligación ética y la impostergable necesidad vital de librarnos de un truhan antes de que llegue a un segundo deplorable 28 de julio. No todos merecemos -porque hasta lo advertimos- semejante castigo.
