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“Si la norma no se aplica, dejaría la puerta abierta para que quienes cometieron delitos de especialísima gravedad puedan acceder a cargos en alcaldías y gobiernos regionales”. Así de contundente precisan en su comunicado Proética y Transparencia, organismos que han movido y advertido al pleno del Congreso de la República de la necesidad de legislar en este preocupante tema y que de manera reiterada Correo lo ha puesto en agenda con informes periodísticos sobre la latente amenaza por la presencia de seguidores de grupos del terror que por años causaron muerte y destrucción al país, además del daño que dejan los corruptos.Es conocido el alto número de sentenciados por terrorismo que cumplieron su condena y muchos de ellos -según informes de inteligencia- mantienen sus ideales equivocados de promover la violencia y hoy en día buscan continuar con sus actividades.Esta norma es necesaria, pues así se logrará que en los próximos comicios municipales y regionales de octubre queden impedidos de participar las personas implicadas en delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual, tal como ya pasó en anteriores ocasiones.Está en manos del Poder Legislativo, que ha convocado a una sesión extraordinaria para este martes 9 de enero, cerrar el candado que excluya a quienes tuvieron este tipo de problemas con la justicia, especialmente ante el sentir y presión de la mayoría de peruanos que están cansados de ver tanto escándalo que envuelve a sus gobernantes. Es hora de comenzar a limpiar nuestro sistema democrático, que tanto necesita ser fortalecido.