Las cumbres o reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, como la que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, California, en EE.UU. -6 al 10 de junio-, son encuentros de naturaleza política y no de carácter jurídico, aunque nada impide que los gobernantes, titulares de las membresías en nombre de sus Estados que personifican, que es más que solamente representar, puedan adoptar decisiones de contenido jurídico con efecto vinculante u obligatorias, aunque siempre compatibles con la Constitución y otras normas jurídicas de cada uno de los propios países.
Cobraron enorme connotación a partir del histórico Congreso de Viena de 1815, en que se reunieron en la emblemática ciudad austriaca, los representantes políticos y/o diplomáticos de los reyes y otros monarcas europeos, que fueron arrinconados o defenestrados por Napoleón Bonaparte, que terminó imponiéndose entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La relevancia del Congreso de Viena fue haber creado la novedosa idea colectiva de una reunión global y por ello fue la génesis de la consciencia plural planetaria, sentando las bases de la política internacional contemporánea, incluida la génesis de la ciencia de las relaciones internacionales que se volvió explosiva luego de la Primera Guerra Mundial (1914-1919).
La organización de la cumbre, y por tanto, la decisión de extender las invitaciones de los gobernantes de las Américas para participar, es un derecho a exclusividad del Estado anfitrión -en el caso de la referida IX Cumbre de las Américas, corresponde a EE.UU.- y su base está en la soberanía de los Estados, el más grande legado del sistema westfaliano del siglo XVII, surgido precisamente luego de la Guerra de los Treinta Años (1648) en Europa.
Por lo anterior, la decisión de no invitar a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela porque en dichos países no hay evidencia de ejercicio democrático, es absolutamente una prerrogativa de la administración de la Casa Blanca por lo que nada ni nadie podría objetar desde la lectura jurídico-política; sin embargo, siendo esta cumbre un foro político por antonomasia, no resulta útil para los intereses de los Estados, poner condiciones para las invitaciones. Por hacerlo, México, país líder en América Latina, y otros más decidieron no participar en la cumbre, impactándola.