Los testimonios, confesiones y revelaciones de personajes del entorno más cercano al poder no dejan dudas sobre el grado de corrupción en el Gobierno y hacen insostenible la permanencia de Pedro Castillo en la presidencia de la República. Que no haya impunidad depende del Congreso, que ya recibió la denuncia de la Fiscal de la Nación y ahora procesa los 190 elementos de convicción que sustentan este documento. Las pruebas están, lo que no debe fracasar es la gestión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (que tiene como integrantes a tres “Niños” de Acción Popular).Otro camino, es más rápido, es el de la vacancia por incapacidad moral permanente. Por supuesto, el jefe de Estado y sus ministros no se han quedado con los brazos cruzados y en forma desesperada presentaron una Acción de Amparo contra el Congreso y una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es otra clara demostración de la falta de transparencia y obstrucción de la justicia de parte del Ejecutivo.
Es evidente que Pedro Castillo se resiste a dejar la presidencia sea como sea. Hay una razón fundamental: Si deja Palacio de Gobierno irá a prisión, tal como sostuvo la abogada penalista Romy Chang.
Este Gobierno se ha ido desacreditando, denigrando y enlodando desde el inicio, pero hoy ha llegado al límite. Ya no tiene posibilidades de mantenerse en pie debido a su incapacidad y su rapacidad. Es momento que el Congreso, más que hablar, actúe.
