Sería una sorpresa histórica que el primer Gabinete Binacional peruano-boliviano reunido en Puno cambie el rumbo de la relación bilateral. Nuestra creencia de que los problemas nacionales se arreglan con más leyes -ignorando el incumplimiento de las existentes- tiene un correlato internacional: la conclusión de nuevos acuerdos antes de aplicar los que están en vigor. Es el caso de los Convenios de Ilo de 1992, en los que otorgamos extraordinarias concesiones que Bolivia no se ha interesado en aprovechar.

Realismo y coherencia son virtudes capitales en el manejo de las relaciones internacionales. Pero no suelen estar presentes en nuestra diplomacia con Bolivia y Chile, frecuentemente dominada por el sentimiento más que por la razón. Aunque la Declaración Presidencial Humala-Morales formalice compromisos importantes, cabe preguntarse si se concretarán o serán olvidados hasta que se reescriban en futuros acuerdos. No debería ser así, porque es mucho lo que ambos países pueden construir. Complementación energética, represión del contrabando y el narcotráfico, conexión vial, modernización del ferrocarril hasta Matarani o descontaminación del lago Titicaca son ejemplos de una rica agenda que reclama acción eficiente. Esperemos que el carácter multisectorial del Gabinete Binacional estrenado con Bolivia se traduzca en resultados tangibles.

Sin embargo, hemos errado en el párrafo 32 sobre la mediterraneidad boliviana, una disputa bilateral particularmente sensible para Chile. Este inoportuno desacierto ocurre cuando la Corte Internacional de Justicia está por resolver si tiene o no competencia para juzgar la demanda de La Paz. El párrafo comienza con una solemne expresión unilateral del “más amplio” espíritu de solidaridad y comprensión del Perú a favor de Bolivia; incluye una innecesaria advertencia contra la amenaza o el uso de la fuerza (¿dirigida a quién?); y termina con los fervientes votos presidenciales por la solución de un diferendo que Santiago considera zanjado.

Está bien que esa cláusula se enmarque explícitamente en el Derecho Internacional -y por tanto en el Pacto de Bogotá, cuyo artículo VI excluye de la competencia de La Haya los asuntos resueltos antes de su firma (1948). Pero ello contradice nuestras expresiones de solidaridad con uno de los litigantes, pues lo que Bolivia demanda supone necesariamente la revisión del Tratado limítrofe con Chile (1904). Enhorabuena nuestra Canciller ha aclarado que Perú se mantiene neutral en la delicada controversia chileno-boliviana, precisando declaraciones que parecían indicar lo contrario. Ello ha sido reforzado por la intervención del propio Premier.

Ya es hora de practicar la realpolitik y de priorizar el interés nacional como guía de una política exterior coherente y conveniente. El Perú no puede ser una ficha en el obsesivo ajedrez de Bolivia para salir al mar por Chile. La triangulación en la diplomacia de los tres países ha sido históricamente nefasta.

Por su enorme potencial, la agenda bilateral con Bolivia no debería complicarse con problemas que hieran nuestra relación con Chile ni afectar encuentros tan importantes como la Cumbre de la Alianza del Pacífico, lo que ha estado a punto de ocurrir.