Otra vez parchamos la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado estableciendo requisitos distintos. Necesitamos comprar o contratar eficientemente en plazos razonables a precios adecuados.
Se ha avanzado poco para mejorar las compras. No se quiere profesionalizar a quienes compran, ni centralizar las compras en una única entidad. Haciéndolo los especialistas conocerían qué empresas incumplen; podrían negociar mejores precios y servicios eficientes sin encargar a organismos “internacionales” nuestras licitaciones. Se quitaría un problema a funcionarios honestos, responsables por las compras. Se reduciría el número de arbitrajes, pues expertos podrían conciliar antes de demandar. Pero el dinero y el poder hacen que haya gran reticencia en centralizar las compras.
El nuevo reglamento prepublicado deja la fase de precalificación de grandes proyectos a “opción” de la entidad contratante. ¿Haremos todo el proceso sin conocer las capacidades de la empresa contratante, sin que las empresas licitantes tengan capacidad para realizar la obra? Tampoco se definen los requisitos de precalificación, así no son susceptibles de observaciones. Estas fortalecerían y harían transparente el proceso. Un “ranking” anual de capacidad de cada proveedor lograría no repetir el pedido de documentos. Los criterios de calificación y evaluación deberían establecerse taxativamente y no dejarse al albedrío de la entidad. El precio no es la única variable en un proceso, pues la eficiencia y eficacia de una compra requieren evaluar más. Una buena adquisición requiere profesionales especializados en una única entidad de compras. ¿No quieren?
