El dictamen de la nueva ley universitaria se aprobó hace dos días por la Comisión de Educación del Congreso. Por supuesto, generó polémica y hasta protestas de todos los niveles.
La primera impresión es que no hay consenso, cosa que dejaron de manifiesto los mismos congresistas, ya que de 17 miembros de la Comisión de Educación, solo votaron a favor 8.
Si bien es cierto, este dictamen no es el definitivo, ya que aún falta la aprobación del pleno del Congreso y en el debate seguramente modificarán algunos artículos, la sensación es que una ley tan importante para el futuro del país desencadenará fricciones y disputas. Más que una promesa, parece una amenaza.
Los rectores ya pusieron el grito en el cielo porque su Asamblea Nacional dejará de existir y tendrán que dejarle el paso a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, un organismo en el que estarán representantes del Ministerio de Educación, Concytec, Ceplan y dos miembros de las universidades públicas y dos más de las universidades privadas.
"Se está creando una organismo político policiaco para que controle a las universidades", dijo el presidente de la ANR, Orlando Velásquez. Evidentemente, esta frase grafica el grado de indignación de los rectores, como una reacción a ojos cerrados, pero si reflexionamos luego de revisar el dictamen, es notorio que el Estado tendrá una posición dominante sobre todo lo que ocurra en las universidades como: presupuestos, currículos, carreras y por supuesto, autoridades.
El temor de muchos es que haya control a la educación universitaria. Y ya se sabe, eso es contraproducente porque todos necesitamos libertad, tener iniciativa, tener estímulos y sentirse responsables del resultado de su trabajo.
