La inscripción de Alberto Fujimori en Fuerza Popular ha generado una nueva polarización en el país. No podemos negar que existe un público muy definido que apoya esta iniciativa del expresidente. Incluso, en algunas zonas de la selva central ya se están preparando homenajes al exmandatario con el objetivo de lanzar su candidatura a la Presidencia de la República en 2026.
Por otra parte, sus críticos sostienen que un delincuente no puede participar en política y señalan que el indulto a Fujimori no lo ha declarado inocente. Dado que su condena está vigente, constitucionalmente está impedido de postular en las próximas elecciones.
Creemos que este tema debe evaluarse con objetividad, imparcialidad y ponderación. Las pasiones de las partes interesadas no deben tener tanta cabida y menos volverse determinantes.Es evidente que el entusiasmo y las emociones pueden llevar a que las dimensiones del regreso de Alberto Fujimori sean analizadas de forma exagerada. Sin embargo, lo que no se debe permitir es que estas opiniones respondan al criterio miope y mezquino de la coyuntura política.
Es crucial que se mantenga una perspectiva equilibrada y fundamentada en la legalidad y el estado de Derecho. La inscripción de un expresidente con un historial tan controvertido debe ser analizada bajo la luz de la ley y los principios democráticos. No podemos permitir que la política se convierta en un campo donde las emociones y los intereses particulares dominen sobre la justicia y la ley.
