Quizá el tema a ser tratado debió ser el de las encuestas difundidas ayer en Correo (CPI) y El Comercio (Ipsos) con miras a las elecciones de este domingo, o quizá el debate de anoche. Sin embargo, más importante es manifestar mi indignación por la brutal agresión sufrida el jueves último por policías en Tayacaja, la cual debería ser sancionada con todo el peso de la ley, sin lugar a atenuantes, pues este tipo de ataques a la autoridad no se deben permitir nunca más.

Como recordamos en nuestro editorial del último sábado, no es la primera vez que somos testigos de estos ataques. Hace menos de un año un efectivo fue asesinado por los antimineros que se oponían al proyecto Tía María, en Arequipa, sin que hasta la fecha se haya señalado a alguno de los responsables. Y esta es la lógica. Si la gente ve que no hay sanción por masacrar a policías, pues lo sigue haciendo con la total certeza de que la impunidad está garantizada.

Si hace poco hemos visto cómo una mujer fue encerrada en un penal de Lima por darle una cachetada a un policía en el aeropuerto, con mucha mayor razón los vándalos que agreden a los agentes deberían ser sancionados con todo el rigor que manda la ley. La inacción y la impunidad ante estos hechos garantizan que cada cierto tiempo tengamos a gente agrediendo a efectivos que representan a la autoridad de un país civilizado.

Irónico que estos agresores hayan bloqueado pistas y luego masacrado brutalmente a policías en el marco de un reclamo por la puesta en funcionamiento de una universidad. Habría que preguntarse qué clase de profesionales podrían ser estos sujetos que también agarraron a golpes e intentaron apoderarse de equipos de los periodistas que cubrían información, entre ellos el reportero gráfico de Correo Wilder Huaroc.

Los jueces tienen que actuar sin miramientos, sin importar que algunos políticos de por ahí, y más aún ahora en campaña, los acusen de “criminalizar la protesta”. Nada justifica la brutal agresión a policías. No más impunidad para este tipo de actitudes salvajes. Tenemos una ley de flagrancia que en pocas horas puede mandar a la cárcel a estos delincuentes que sin duda son más peligrosos que esa mujer altanera de Lima que dio una cachetada a un efectivo y hoy está presa.

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