Opinión

POLÍTICOS, DECIDAN LA PENA DE MUERTE

Columna: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

02 de Noviembre del 2017 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

En el Perú sí está contemplada la pena de muerte. La Constitución Política la establece para los casos de traición a la patria durante una guerra exterior y terrorismo agravado. Como felizmente no mantenemos ninguna guerra con otro Estado, los traidores que hemos tenido, como el suboficial FAP Víctor Ariza o los marinos Johnny Philco y Alfredo Domínguez, últimamente se libraron de la pena capital. En el segundo caso no se aplica hasta ahora porque no ha sido reglamentado -se ha librado de morir el senderista “Artemio”-, y esa es una tarea pendiente del Congreso, que no se ha preocupado en dejarla expedita. Si la pena de muerte existe para estos dos supuestos, ¿por qué razón no ampliarla para el caso de violación sexual de menores que es una monstruosidad, incuestionablemente superior en su manifestación vil y execrable, que destruye de por vida la integridad bio-psico-social de la persona humana? Es una completa incoherencia que la invoquemos con pasión para un traidor o un terrorista y no para un violador que ha ultrajado a un ser humano indefenso. Las autoridades evaden su responsabilidad escudándose en que somos firmantes de un tratado que la prohíbe y timoratamente atenúan su vergüenza con la sutil fórmula “lo digo a título personal”. Los Estados, así como asumen compromisos vinculantes, soberanamente pueden desligarse. Decir entonces que no es viable es ignorancia jurídica, pues la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla la denuncia de los convenios, es decir, la decisión de retirarse del instrumento. Si es un mecanismo válido del derecho internacional, que siempre respeta el derecho interno de cada Estado, ¿por qué razón el Perú sería sancionado si decide desligarse del tratado? En otras palabras, ¿acaso por decidir la pena de muerte nos sacarán de APEC, acabará el TLC con EE.UU. o perderemos el ingreso a Europa sin visa? Mucha demagogia, como sostener groseramente que la pena de muerte no disuade o que nuestra justicia no da confianza. La cuestionamos por la muerte del mal llamado “Monstruo de Armendáriz” (1957), pero no por la del fusilado suboficial FAP Julio Vargas Garayar (1979). Tremenda inconsistencia.

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