Lo que están tratando de hacer en el Congreso al buscar la aprobación de una ley para el nombramiento automático de docentes que tengan al menos tres años de contratados y sin que de por medio se hayan medido sus capacidades a fin de determinar si están o no aptos para trabajar formando a los futuros ciudadanos del Perú, es una brutal patada a la educación en el país que está condenando a millones de niños y jóvenes a no tener la posibilidad de salir de la pobreza a través de su futuro desempeño laboral.

El paquete de medidas de este tipo incluye un vergonzante dictamen que propone autorizar el nombramiento automático de 14 mil docentes interinos que fueron cesados en el 2014 por no haber dado o haber sido desaprobados la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, que es la situación en que se encuentran varios miembros de la bancada llamada Bloque Magisterial conformada por profesores jalados hasta en cinco o seis oportunidades.

El Congreso está haciendo populismo para ganar aplausos de profesores sin mayor mérito, a los que le están asegurando un puesto y un sueldo en el Estado que vamos a pagar todos los contribuyentes, mientras al mismo tiempo dinamita el derecho de los alumnos de la escuela pública a recibir educación de calidad, que más adelante los haga profesionales competitivos y con la posibilidad de trabajar y ganar el dinero suficiente a fin de salir de la pobreza que arrastran desde hace varias generaciones.

Si algo nos ha dejado la salida a la luz pública de un personaje como Pedro Castillo, que hasta maestría tenía, es la certeza de que la formación de docentes en el Perú ha sido muy deficiente y que hoy cualquier título de profesor no garantiza que una persona esté en condiciones de pararse delante de un salón de clase a formar a futuros ciudadanos. Para eso precisamente se crearon las evaluaciones, a las que ahora quieren sacar la vuelta con leyes dadas desde el Congreso.

Se entiende que congresistas como Pasión Dávila, Alex Paredes, Katy Ugarte y Edgar Tello, que no han aprobado las evaluaciones o se han negado a darlas, esté detrás de estos despropósitos. Sin embargo, el resto de bancadas debe oponerse a esto que es casi criminal. No podemos condenar a niños y jóvenes de colegios públicos a tener docentes como estos legisladores o como Castillo. ¿O es que hay algún acuerdo bajo la mesa para dar luz verde a este tiro de gracia a la educación?