La última encuesta de Datum Internacional para El Comercio conocida el fin de semana, arroja que al menos el 42,5% de los electores no sabe aún por quién votará o señala que no optará por ninguno de los candidatos en carrera, lo que es un reflejo de la frustración, el descontento y el rechazo a las autoridades que hemos tenido en los últimos años, tanto en el Poder Ejecutivo con tres presidentes para el olvido; como en el Poder Legislativo, donde muchos parlamentarios son unos pillos y sinvergüenzas.
Es imposible saber en este momento hacia qué candidato presidencial o candidatos al Parlamento irá parte de ese bolsón de votos que está en el aire buscando dónde aterrizar. Pero lo que sí se puede decir es a dónde no deberían ir, bajo ningún concepto, las preferencias de los electores, especialmente luego del quinquenio que termina que fue producto de un salto al vacío con el que se eligió a un filosenderista encabezando el partido de un corrupto, y a un Congreso en el que hemos tenido hasta a un violador y un terrorista.
Para empezar, no se debería votar por ninguno de los candidatos de los partidos que están metidos en el escándalo de la franja electoral. Los aspirantes presidencial podrán decir que no sabían nada y hasta se les podría creer, pero ellos tienen que gobernar de la mano de la agrupación política que los ha lanzado, la cual, según vemos, tiene como dirigentes a elementos que han tratado de sacar provecho de fondos públicos sin haber ganado nada aún. ¿Se imaginan a esta gente en los ministerios y el resto de la administración pública?
Lo mismo con los partidos que están poniendo a prontuariados y hasta a condenados como candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. En el caso de Alianza para el Progreso (APP), son 53 aspirantes a legislador los que están en esta situación. Y hablamos de una agrupación política que tiene por lo menos 25 años en el ruedo como para que no salgan a decirnos que fueron “sorprendidos” o que no se dieron cuenta. ¿Qué clase de Poder Legislativo vamos a tener en los próximos cinco años?
Si desde ahora hay indicios de delitos o por lo menos de prácticas dudosas, el elector tendría que mirar a otro lado, a otras opciones para más tarde evitar situaciones desagradables, para no tener que estar diciendo “no me representan” o “que se vayan todos”. No más “niños”, “mochasueldos”, “robaparques”, violadores, terroristas, golpistas, tránsfugas, farsantes y demás joyas que han generado gran desencanto en la política, algo peligroso en un país de democracia frágil como el nuestro.
