Llama la atención que el presidente Humala no promulgue el tratado de extradición que el Perú suscribió con Francia en 2013. La promulgación publicita y vuelve vigente un instrumento acordado previamente, por lo que no hacerla promueve un mar de especulaciones, como que desnudaría algún hermetismo presidencial al surgir un asunto que jamás estuviera presente en la etapa de la negociación del tratado, que suele ser ardua y detenida como para que no quede nada en el aire. Sostener sorpresivamente que su contenido “(…) requiere un tratamiento más preciso”, da pie para pensar que más bien responde a pedidos a la carta ante la inminencia del final de su mandato, en julio de 2016, en que Humala perderá la protección constitucional que goza por su alta investidura, volviéndose luego tan vulnerable a la implacable acción del derecho como cualquier otro ciudadano. Nuestras relaciones con Francia, que datan de 1826, siempre han sido más que óptimas. No hay razón, entonces, para dar marcha atrás en un acuerdo que en medio de la creciente inseguridad busca estrechar la cooperación bilateral para combatir la criminalidad, pues el objeto central de la extradición es evitar la impunidad, es decir, que no quede sin castigo la acción delictiva y ello se materializa cuando un Estado devuelve a otro una persona para su juzgamiento. Acumula en la especulación que Humala estudió en el Franco-peruano, fue agregado militar en París y durante su mandato ha viajado varias veces a Francia y hasta en una ocasión pernoctó en la Ciudad Luz, produciendo un acalorado debate en el Congreso sobre si tuvo autorización o no para llegar a París.