La decisión de un tribunal de conminar al arresto domiciliario al presidente de Colombia, Iván Duque, impacta a la doctrina del derecho constitucional comparado en el tamaño de erga omnes que consagra la protección de quien ejerce la altísima investidura de jefe de Estado. Ningún hombre del derecho serio podría avalar o sostener lo contrario. La medida judicial se ha dado porque no habría cumplido con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaraba al Parque Nacional Los Nevados en Tolima como “Sujeto Especial de Derechos para su protección, recuperación y conservación con enfoque integral”.

En medio de un proceso electoral presidencial de segunda y definitiva vuelta, donde los colombianos deberán decidir entre un candidato de la izquierda -Gustavo Petro- y otro independiente -Rodolfo Hernández-, se han acrecentado las pugnas por la tenencia del poder político nacional para los próximos 4 años. Esto último no debería sorprender a nadie porque el poder que todos quieren, para conseguirlo utilizan infinidad de medios sin que haya coto o límite y eso está muy mal.

El presidente es el actor político por antonomasia de un Estado y porque personifica a la Nación es que debe ser protegido in extenso. No es ni siquiera la persona misma sino la investidura que posee el presidente como más alto representante del Estado al ser elegido por el pueblo que es el soberano. La Constitución colombiana es muy clara al consagrar que el presidente durante su mandato “…no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”. Duque es un presidente en funciones y la medida judicial constituye un atropello a la Carta Magna de este país porque ningún presupuesto constitucional acusatorio se ha dado. 

Conforme la propia doctrina la única circunstancia por la que un jefe de Estado puede perder toda la legitimación ciudadana y la protección jurídica es por un acto in fraganti de irresistible e incontrastable veracidad que por su certeza vuelva insostenible su permanencia en el cargo, en cuyo caso deberá ser procesado y políticamente desaforado o vacado con apego a lo dispuesto en la Constitución del Estado. Sobre Duque hay, a mi juicio, un completo, condenable e intolerable exceso.