La importancia que le otorgan los gobernantes, a los planes de contingencia ante al fenómeno El Niño, se traduce en el magro 6% del empleo de los recursos destinados a la prevención y disminución de riesgos ante posibles desastres. Además, la desidia del Ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales, es de tal magnitud que en vísperas de los meses de lluvias, no existen los estudios respectivos en más del 70% de las instituciones estatales, de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre estas graves irresponsabilidades.
¿Será que, ante posibles acontecimientos catastróficos, los funcionarios corruptos están esperando una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional para sentirse facultados a infringir los principios de la contratación pública, es decir no cumplir con los trámites formales que exige cualquier trámite de contratación? ¿La obligación de actuar de manera urgente, justificará la comisión de semejantes tropelías?
Ojo, además de contar con recursos propios, nuestro país también es beneficiario, conjuntamente con 8 países latinoamericanos, de algo más de 36 millones de dólares, por parte de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que proporcionará asistencia a las comunidades vulnerables frente al potencial impacto del fenómeno El Niño.
Entonces, ¿acaso se está esperando que nos asolen los desastres para recién actuar, pero corruptamente, al amparo de un posible Estado de Emergencia Nacional?
