Desde sus inicios las organizaciones criminales han buscado controlar los brazos judiciales del Estado para garantizar su impunidad. Casos como las amenazas de muerte o los sobornos de jueces o fiscales se pueden resumir en la famosa frase de los cárteles de la droga colombianos: “plata o plomo”. Sin embargo, las mafias han logrado evolucionar para cumplir sus objetivos criminales y así es cómo, en lugar de matar o comprar jueces y fiscales, ahora buscan infiltrar a miembros de sus organizaciones en las instituciones que luchan contra la criminalidad. Debemos abrir los ojos y decirlo sin miedo: fiscal o juez que no cumple su función a favor de la legalidad es un cómplice de las propias mafias.

Estos delincuentes de saco y corbata no responden a los objetivos del Estado Peruano, a la Constitución ni a las leyes, sino que estratégicamente buscan boicotear los procesos de investigación, denuncia y sentencia de criminales, además de ser utilizados por las cabezas mafiosas para atacar judicialmente a sus enemigos.

No podemos quedarnos callados y permitir que esta práctica criminal pase desapercibida sin sanción ¿Por qué el fiscal Omar Tello boicoteó los allanamientos de Los Dinámicos del Centro? ¿Por qué Zoraida Avalos abrió y paralizó las investigaciones a Pedro Castillo? ¿Por qué José Domingo Pérez se tumbó gran parte del caso Odebrecht? ¿Por qué dejaron escapar a Eliane Karp? ¿Por qué las prisiones preventivas fueron el pan de cada día para estos fiscales, pero jamás fueron aplicadas para Vladimir Cerrón, Aníbal Torres o Betssy Chávez? ¿Por qué Susana Villarán está libre y puede viajar al extranjero? Hoy más que nunca el Perú debe exigir respuestas y hacer pagar a los responsables de esta impunidad. La Fiscalía y el Poder Judicial necesitan una purga para limpiar los tentáculos judiciales de las mafias.