Un día antes que Diana Miloslavich asuma el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), estaba en la calle protestando por la salida de Mirtha Vásquez del premierato y el nombramiento de la congresista de Perú Libre, Kathy Ugarte Mamani, como la nueva ministra de esta cartera en el efímero gabinete de Héctor Valer; todo esto ocurrió el pasado mes de febrero.
Está claro que el gabinete Torres coordinó la entrada de Miloslavich al MIMP para asegurar el apoyo de la bancada de Juntos por el Perú (JPP) y así no vacar al mandatario; posteriormente, la mayoría de las organizaciones que acompañan en sus causas a la ministra, quedaron mudas frente a los escándalos de corrupción que afectan al presidente Castillo y su entorno, y esto porque que de un gobierno débil —como el actual— sacarían beneficios, por ejemplo, el Decreto Supremo N.° 010-2022 que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género en la Administración Pública.
Entonces Miloslavich salió a arropar la soledad del gobernante y tomó la defensa de la primera dama Lilia Paredes frente a la imitación hecha por el comediante Carlos Álvarez; por último, pidió al Congreso reconsiderar la negación del permiso al presidente para asistir a la transmisión de mando de Gustavo Petro en Bogotá. Todo esto ocurrió durante los días en que obtuvo su decreto.
Pero esta eficacia política de la que estarían orgullosos Maquiavelo y John Dewey —en sus propósitos ideológicos—, implica una renuncia al discurso anticorrupción que por décadas, los sectores que representa emplearon contra su competencia política. De allí las divisiones que se pueden observar entre Diana Miloslavich, Anahí Durand y Sigrid Bazán, quienes han decidido cooperar en este propósito, y la de Verónika Mendoza, Indira Huilca y Mirtha Vásquez, quienes si bien celebran dichos triunfos, no quisieron traspasar dicha línea.