La relevancia de la prensa radica en el alcance de sus publicaciones; por eso, es importante que sus contenidos mantengan la regla básica de respetar los hechos y, en base a ellos, fundamentar las opiniones; sin embargo, algunas veces, esta orientación se quiebra, particularmente cuando los autores solo se preocupan por vender. Si el tema abordado no tiene implicancia en los derechos humanos o en los intereses nacionales, quizás sea irrelevante. Bajo esta premisa, los profesionales de la información deben guardar coherencia con las responsabilidades establecidas en nuestra Constitución Política; y aunque –estas circunstancias– muchas veces pasan desapercibidas, es irresponsable exponernos al azar pues, en algún momento, el impacto de la distorsión puede amenazar nuestra seguridad.
Por ejemplo, en 2004, un libro enfocado en supuestas desapariciones que se hicieron –según lo relatado– en el Cuartel General de Ejército, incluye facetas sobre el destino de un espía extranjero, lo cual podría habernos ocasionado un problema internacional. Hace pocos días, el mismo autor –en un diario de circulación nacional– ha destacado expresiones que acusan al gobierno de “reprimir criminalmente a los manifestantes”, y al Legislativo de tener proyectos de ley para denunciar el Pacto de San José. También da relieve a comunicados de la CIDH y de ocho embajadas –infiriendo una afectación a la institucionalidad por una posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia– en vez de acentuar nuestra protesta por la intervención –proscrita internacionalmente– en aspectos que corresponden al ejercicio de nuestra soberanía, entendiendo que ésta supera la defensa de la integridad territorial.
Resaltar la labor periodística en su mes conmemorativo, que también es del Señor de los Milagros; de Grau y los héroes de Angamos; de nuestro criollismo y de la olvidada dignidad nacional, obliga a la sociedad –en pleno– a estar vigilante para excluir a quienes convierten la noble profesión, en el vil oficio.
