El pasado domingo, durante la entrevista en vivo al Presidente de la República, el Jefe de Estado dejó clara su negativa a que las personas se vacunen en clínicas privadas aludiendo al principio de equidad. Si nos atenemos al significado de esa palabra, por equidad se entiende a la “cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra”.
Si eso es la equidad, el Presidente, como titular que personifica a la Nación, debió ser el último ciudadano en vacunarse, pues, el trato preferente a quién ejerce el poder político también puede generar una gran iniquidad con el resto de ciudadanos que se juegan la vida; un trato favorable con el agravante que también tiene el poder para decidir la única forma y modo de vacunación contra el Covid-19.
Las clínicas pueden ayudar a descargar la logística estatal para un masivo proceso de vacunación y permitir al Estado dedicarse con eficiencia a las personas que más lo necesitan en plena pandemia. El tiempo apremia y la falta de decisión para disponer una solución práctica, coordinada, que sume las fortalezas de los sectores público y privado para combatir al COVID-19 nos costará muchas más vidas, en especial para las personas que laboran en la calle para llevar el sustento a su hogar. No es justo.
La polémica frase: “lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene que no se vacune”, deja entrever que los más vulnerables no serán vacunados con rapidez y no quieren que los privados delaten al gobierno, a eso hay que sumar la falta de oxígeno y camas para cuidados intensivos (UCI) en los hospitales. En conclusión, lo que observamos es el ejercicio de una presidencia sin equidad.
