Luego de su ronda pro-empresarial en Norteamérica, el presidente Pedro Castillo debe convencerse que es necesario pronunciarse en voz alta respecto de la intención del gobierno por hacer uso de mecanismos concretos para impulsarla en serio, más allá de la retórica. Si no aterriza en posiciones más precisas, el efecto de sus reuniones con empresarios en México y USA, se diluirá muy pronto.
Es el caso concreto de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que adquirieron la mala fama de ser particularmente conducente a permear prácticas corruptivas en la contratación pública. Y por eso, pocos las mencionan. Cuando la realidad es que este sistema permite detectar esas prácticas con mucha mayor probabilidad que cuando la contratación se realiza por la modalidad de la obra pública tradicional.
La corrupción política está muy extendida en las adquisiciones, en general, y principalmente, cuando todo el ciclo se cierra exclusivamente en el sector público. Así es posible utilizarlo para fines populistas con miras de dividendos electorales, incrementando la planilla destinada a pagar favores, o para brindar un servicio público bajo un esquema de subsidios que no se justifiquen. También permite mayor control de los funcionarios públicos, y de los políticos, en todo el ciclo de vida de proyectos, que abre las puertas a mayores posibilidades de prácticas corruptivas a futuro.
Con las APP, el operador privado estará muy atento de dimensionar adecuadamente los costos y alinear sus precios de tal modo que no se exceda en desembolsos como resultado de un sobredimensionamiento del servicio. Y con algunos ajustes a la Ley de APP, como el fortalecimiento de un serio análisis de valor por dinero, entre otras modificaciones técnicas, el mecanismo puede quedar adecuadamente blindado de las prácticas corruptivas. Es cosa de ponerse a trabajar en una ley más creativa, pero de ninguna manera echar por la borda todo lo avanzado.
