La predictibilidad es una cualidad necesaria para la generación de confianza con los inversionistas. Esta se logra cuando existen políticas públicas claras que tienen un objetivo establecido pues solo así se alinean los procesos y procedimientos administrativos que tiene la gestión publica para llevarlas a cabo. No obstante, la predictibilidad parece ser una palabra esquiva para el Perú pues las decisiones tomadas en una administración son fácilmente cambiadas por otra.
Lo sucedido con el puerto de Chancay sobre la exclusividad de los servicios es un ejemplo de ello. No voy a profundizar en la cuestión legal sino en lo central, lo económico. Tanto los puertos privados de interés público como los puertos de propiedad estatal concesionados operados por privados, tienen el mismo modelo económico: la inversión en infraestructura se recupera a partir de la prestación exclusiva de servicios portuarios. Tal es así que para los terminales portuarios concesionados el Estado otorga a las empresas concesionarias la exclusividad de servicios cuando se trata de infraestructura nueva, ¿por qué tratar de manera distinta al terminal portuario de Chancay o cualquier otro terminal privado de interés público?, ¿tiene sentido económico retirar la exclusividad de dichos servicios?, ¿hacerlo hace más eficiente la prestación de los servicios finales a los usuarios? No hay respuestas para estas preguntas porque las decisiones que hemos visto en las últimas semanas no tienen sustento ni base económica, por el contrario, perforan un modelo de inversión beneficioso para el país.
Si la Ley del Sistema Portuario Nacional debe ser modificada es algo que necesita tiempo y que requiere de la participación y concurrencia de diversos actores. Lo concreto es que estando a pocos meses de iniciar las operaciones del puerto nos encontramos en una situación en donde prima todo menos la realidad.
