Es urgente defender la vida y la supervivencia con una mirada integral del crimen organizado y de la delincuencia callejera  para reducir la explotación sexual, las extorsiones, los homicidios, los asaltos, los robos y otros delitos que demandan la coordinación entre el Ejecutivo, los municipios, los colegios profesionales y otras entidades de la sociedad que podrían proveer de expertos para combatir la indefensión. La ineficacia del gobierno deslegitima el Estado de derecho. Los transportistas se volcaron repetidamente a las calles pero el Congreso no atina a decidir algo efectivo más allá de llamar la atención al Ejecutivo. Requerimos un enfoque conjunto de expertos y políticos para lograr hojas de ruta que comprendan a las Fuerzas Armadas en la capital y en las regiones más afectadas, que incorporen soluciones que funcionan en otros países especialmente en aquellos de donde provienen  las organizaciones criminales que deben ser perseguidas internacionalmente para fortalecer la lucha nacional, no solo contra el crimen especialmente contra la corrupción sistémica que parece abandonada. La imagen es que este combate ha perdido impacto real y solo existe en el discurso político o en las juramentaciones ministeriales, el indicador es la absoluta ineficacia en el caso Lava Jato. Lo peor es la percepción extendida de que el Estado no solo no actúa, sino que es cómplice, algo muy grave que hace más compleja la lucha posible. Vivimos el extremo de poner precio y negociar obligadamente el derecho a la vida junto a otros derechos y libertades fundamentales por las que debemos pagar sin que nadie nos proteja. Toda la colectividad está en riesgo y debemos organizarnos para participar, contribuir y defender la supervivencia. Es urgente recuperar la eficiencia del Estado para canalizar la participación colectiva que contribuya pero también fiscalice y exija la rendición de cuentas.