Lamentable que el presidente Pedro Castillo haya designado como titular del Consejo de Ministros a un procesado por apología al terrorismo, que considera no existe una dictadura en Cuba y registra comentarios misóginos y homofóbicos; y que su otra opción fuese quien de 30 años tuvo una hija con una niña de 14 años.
El gobierno debe garantizar respeto de derechos humanos, equidad, libertad de prensa y expresión, así como garantías democráticas. Ello no solo debe estar en discursos sino ante todo en actos. El gobierno debe ser además coherente en tener ministros de trayectoria ética impecable si espera ser creíble en que luchará contra la corrupción.
Designación de Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros, impedimento a los medios de comunicación de ingresar a acto de juramentación del gabinete y mínima participación de mujeres en el mismo, atentan contra lo anterior.
En la misma línea, preocupa la transparencia de la actuación del mandatorio desde un recinto diferente al Palacio de Gobierno, en la medida que debe garantizarse un debido registro de ingresos y temas abordados en sus diferentes reuniones.
En este contexto, el Congreso tiene un rol fundamental. Esperemos que se priorice la defensa de las garantías democráticas tanto en la emisión de normas y fiscalización de la actuación del Ejecutivo, como en el debate público sobre estos temas.
La actuación de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional también resultan fundamentales, en aras de defender la Constitución y los derechos de las personas.
De similar manera, la vigilancia y el activismo ciudadanos son de especial relevancia para defender nuestra democracia, los derechos humanos y la posibilidad de vivir en libertad y paz en el Perú. El escenario actual nos reta como ciudadanos e instituciones. Trabajemos todos por una institucionalidad sólida que permita el bienestar de las familias peruanas.
