Prisión preventiva de Keiko

Las garantías penales, señaladas en nuestra Constitución y que se expresan en nuestro ordenamiento penal y procesal penal, privilegian la vida, la dignidad de la persona humana y la libertad. La presunción de inocencia, el principio de legalidad, entre otros, constituyen límites destinados a impedir el ejercicio arbitrario o abusivo del poder punitivo del Estado.

Ferrajoli sostenía: “El derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política”.

Esa brutalidad penal se incrementa en la medida que se limitan las garantías penales, lo que sucede en nuestra realidad, en especial con los líderes de oposición como Keiko Fujimori.

Nuestra Constitución establece que no se permite restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. Para el caso de la prisión preventiva, la ley es el Código Procesal Penal, que señala los aspectos que determinan su aplicación, teniendo como principio esencial la excepcionalidad de dicha medida; la regla general es la libertad. Lamentablemente, algunos fiscales y magistrados, dependiendo a quién acusan o condenan, han convertido la excepción en regla, colisionando además con el derecho a la presunción de inocencia.

En el caso Keiko, es alarmante que se le haya privado de su libertad cuando no se han corroborado los indicios sobre lavado de activos o pertenencia a una organización criminal, siendo estos los cargos que se le imputan.

Se le atribuyen peligros procesales, específicamente obstaculización de la justicia. Cabe preguntarse las consecuencias de la decisión judicial de tenerla en prisión o procesarla en libertad. ¿Esta última afectaría al proceso? Consideramos que no. El propio TC señala la aplicación subsidiaria o necesaria de la medida.

Finalmente, a la luz de los precedentes del propio TC y el Acuerdo Plenario en Materia Penal último, donde se exigen con mayor rigor los presupuestos para dictar prisión preventiva, corresponde por razón y derecho se disponga la libertad de Keiko Fujimori.