PROPONGO CREAR EL TRIBUNAL ANDINO DE DERECHOS HUMANOS

La excusa de los que en el país se oponen a la aprobación de la pena de muerte para el delito de violación sexual de menores de edad seguida de muerte es que somos parte de la Convención Americana de DD.HH. de San José de Costa Rica, que efectivamente la prohíbe (Art. 4); pero esa realidad jurídica debe ser contrastada con la otra también consagrada en el mencionado instrumento en su Art. 78 y que está referida a la DENUNCIA, que no es otra que la decisión soberana del Estado de desligarse del tratado. Ello fundado en la realidad social, pues el DERECHO no puede ser jamás ajeno al HECHO SOCIAL, que siempre es superior a la norma. Es un mito creer que por salirnos de la Corte seremos sancionados y que además quedarán en la orfandad nuestros derechos. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestro sistema judicial y asumirlo eminentemente garantista. Esa es la tarea. Si el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, no tiene confianza en la eficacia del sistema de administración de justicia que él preside, entonces debe renunciar. La vocación de las partes y de los agentes del proceso de administración de justicia peruanos debe ser siempre acudir a la justicia nacional. Solo se recurre a la supranacional en modo excepcional, nunca como regla. Frente a una eventual denuncia de la anotada Convención, propongo que el Perú presente, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), la creación del Sistema Andino de Derechos Humanos, con su tribunal, como lo tiene la Unión Europea, África y la Liga Árabe. La CAN cuenta con el Tribunal de Justicia (TJ), que es su órgano jurisdiccional y que está encargado de dirimir definitivamente las controversias comerciales, aduaneras, etc. que pudieran surgir en el marco del ordenamiento jurídico comunitario; la idea sería ensanchar sus arreglos a las de derechos humanos. Es un asunto de decisión política que desde luego deberá ser consensuado con Ecuador, Colombia y Bolivia, y no será incompatible con ser Estado miembro de la OEA.