Serias dudas genera el proyecto anunciado por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje al país del 28 de julio, sobre crear un grupo de agentes excluidos de la carrera policial que hacen oficiales y suboficiales, los cuales tendrían previamente un escasa preparación de entre tres meses y un año para luego trabajar bajo contrato de máximo tres años en contacto directo con la población en labores de seguridad, incluso con el uso de armas letales.

Es evidente que hace falta tomar medidas para hacer frente a la delincuencia. En Correo y en este espacio lo venimos exigiendo hace mucho tiempo, especialmente en regiones críticas como Piura, Lambayeque y La Libertad, pero la propuesta presidencial más bien podría agravar la situación al dar uniforme y facultades de patrullar, intervenir, detener y hasta disparar, a gente sin mayor experiencia ni base doctrinaria lograda en los centros de formación.

A eso se suma que habría que ver qué tanto va a acatar la férrea disciplina policial un agente eventual que sabe que a los tres años se irá a su casa sin una pensión ni un beneficio, como sí ocurre con oficiales y suboficiales. De otro lado, no contribuye mucho a esta propuesta lo dicho por el premier Alberto Otárola, quien ha señalado en RPP que se busca captar a jóvenes que por ahora no trabajan ni estudian. Sobran los comentarios, ¿verdad?

Es cierto que también se busca emplear a licenciados de las Fuerzas Armadas para integrar este nuevo cuerpo policial. No obstante, se debe tener en cuenta que las labores de seguridad ciudadana en contacto directo con mujeres, niños y ancianos, es muy distinta a la que hacen los militares en su servicio al país. Es precisamente por estas diferencias que existe mucha oposición a sacar al Ejército a enfrentar a asaltantes, arrebatadores y sicarios.

No queda la menor duda que hay tomar medida contra la inseguridad en las calles y que poco se puede hacer con un déficit de 50 mil policías en las calles. Sin embargo, difícil que el plan anunciado y aquí comentado pueda servir de mucho. Si tenemos problemas con oficiales y suboficiales que han sido formados por años en sus centros de formación, ¿qué nos puede esperar con gente sin mayor capacitación a los que se encomienda el cuidado de la vida de los peruanos?

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