Luego de un paro regional y bloqueo de vías por 48 horas en el Cusco, ayer se realizaron similares medidas de fuerza en Puno, Ayacucho, Apurímac, Áncash, Ucayali y parte de Junín. Los agricultores son los principales manifestantes y rechazan el alza del costo de vida.
Algo es crudamente cierto. La crisis en el país está tocando fondo y nada (ni mesas de diálogo, ni consejos de ministros descentralizados ni promesas del Gobierno) parece capaz de cambiar este panorama. Los discursos oficiales se ahogan bajo el sonido de las protestas de las calles. La suma de desatinos del presidente Pedro Castillo y su gabinete hace que mucha gente exprese su descontento, aunque algunos aprovechan la situación y optan por la ruta peligrosa del extremismo. Y no nos referimos solo a los actos vandálicos sino también a la aparición de activistas afines a Perú Libre, quienes piden una nueva Constitución y el cierre del Congreso.
Este mes ha sido muy convulsionado en nuestro país. Todo se inició en Huancayo. La idealización de las protestas en la principal provincia del centro del país dejó una consecuencia no tan perceptible aunque no menos trascendente: que se repitan estos actos en todo el país con plataformas de lucha diferentes. El problema es que es pésima la gestión del Gobierno ante estos conflictos. ¿Será que le interesa agudizar las contradicciones? Lo cierto es que estas medidas de fuerza no pueden afectar un instrumento clave para nuestra democracia y básico para el estado de Derecho: la Constitución Política del Perú.
