No cabe duda de que el país requiere una reforma electoral urgente. Es realmente serio que muchas de las principales autoridades elegidas democráticamente estén enfrentando procesos judiciales que en su mayoría terminarán con los procesados purgando largas condenas. Lo más grave de esta situación es que la población comienza a perder la fe, y no solo en sus autoridades, sino también en el sistema democrático en sí, logrando que se deteriore aún más la débil institucionalidad del país. Es por ello que todos los actores políticos deben tener como objetivo principal lograr que con esta reforma el ciudadano recupere en algo su confianza en la democracia.

Lamentablemente, creo que es poco probable que logremos este objetivo. Aquí algunas razones: la primera de ellas es la poca credibilidad del Congreso y de los congresistas, lo que genera suspicacias con respecto a si serán capaces de poner los intereses del país por encima de los suyos y de sus actuales agrupaciones políticas. Si a esto le sumamos el ruido generado por el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso y que ha causado airadas reacciones en muchos congresistas, veremos que vamos camino a la aprobación de una ley que, más allá de las mejoras que pueda consignar, será poco efectiva para lograr el objetivo antes mencionado.

Sin embargo, cabe preguntarse si en verdad la mejora de esta ley puede ayudarnos a que los bochornosos hechos de corrupción no vuelvan a suceder y que la calidad moral de nuestras autoridades mejore de manera sustancial. El problema es mucho más grave, por lo que es poco probable que una ley pueda resolver un asunto estructural, que no es otro que la incapacidad de los peruanos como ciudadanos de pensar en el bien común por encima del beneficio propio. Sería injusto pensar que esta actitud es solo de los políticos, cuando la realidad nos la muestra de manera cotidiana. El tráfico es un claro ejemplo donde el que primero pasa, gana, sin importar que esto pueda generar más congestión. El desparpajo con el cual se invaden terrenos privados o del Estado para luego reclamar hasta lograr la tan ansiada propiedad.

Esto no es lo más grave. Lo más grave es que tratamos de justificarnos socialmente. Justificamos nuestros actos creyendo que es la única forma de sobrevivir en esta sociedad tan salvaje, y lo comprobamos con las respuestas de cualquier chofer de combi que justifica sus infracciones de tránsito, sus multas impagas y su manejo precario con tener una familia e hijos a los cuales mantener.

Una nueva ley electoral lograda con consenso, incorporando todos los aportes de los diferentes actores políticos y que ayude a mejorar la calidad de nuestras autoridades es, por supuesto, importante, pero debemos estar claros en que es absolutamente insuficiente.