A poco más de un año de los sucesos que llevaron al expresidente Pedro Castillo a protagonizar un golpe de Estado, nos encontramos ante la noticia de que la Fiscalía presentará una acusación penal contra él. Los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad son de gravedad, acarreando consigo penas que van desde tres hasta veinte años de prisión.
La Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso correspondiente, y es imperativo que este avance sin dilaciones, a pesar del reciente cambio de titular. El fiscal Alcides Chinchay asumió el rol, sucediendo a Uriel Terán, quien lideró las investigaciones hasta el momento.
Es momento de que la verdad y la justicia prevalezcan, determinando la responsabilidad de Castillo en este vergonzoso episodio de la historia del país. A pesar de las evidencias acumuladas, el expresidente persiste en su negación y se victimiza, llegando incluso a afirmar que no cometió ninguna irregularidad el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que ordenó el cierre del Congreso y la reorganización del Ministerio Público y del Poder Judicial, entre otras medidas. “A mí que no se me ha encontrado delito alguno, ¿por qué se me mantiene encerrado?”, expresó recientemente.
Los peruanos exigimos respuestas y claridad en un episodio que marcó una ruptura con el orden democrático. Es fundamental que la Fiscalía actúe con celeridad y rigurosidad, asegurando un proceso transparente y justo.
