Desde algunos sectores se escucha el famoso ‘que se vayan todos’, Tabula Rasa. Sin embargo, ese pedido viene de un errado entendimiento de las labores que competen a cada poder del Estado.
Las responsabilidades del Ejecutivo y el Legislativo son distintas, y por ende deben ser juzgados bajo diferentes estándares. El Parlamento debe legislar, representar, y fiscalizar, y sus decisiones al respecto pueden impactar en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de sus objetivos.
Al frente, está el Ejecutivo, encargado de la gestión del Estado, del ‘día a día’ que aqueja a los ciudadanos. Al quejarnos que “nada cambia” que “nadie hace nada por nosotros” estamos criticando al Ejecutivo, quien está a cargo de promover las políticas públicas llamadas a atender el día a día de los peruanos, sobre todo de los más vulnerables.
Los Artículos 113º y 114º de nuestra Constitución referidos al caso de vacancia, o suspensión de la Presidencia, establecen una sanción directamente dirigida al presidente de la República, no al Congreso, quien por el contrario, en ambos casos, cumpliendo su función fiscalizadora, es quien debe ejecutar dichas sanciones.
La mayor irresponsabilidad atribuible al Congreso es que hasta ahora no haya querido ver lo evidente, que Pedro Castillo viene mintiendo al país sin atender los gravísimos actos de corrupción que se vienen produciendo en su entorno directo, y que claramente lo incapacitan para seguir al mando del Ejecutivo.
Quien por esa razón se debe irse es el presidente. Esa es la prioridad.
