Los ministros, asesores, empresarios y negociantes de todo tipo que rodean al presidente Pedro Castillo, deberían hacerle ver que es un absurdo completo que por un lado se vaya a un gabinete binacional en Colombia a hacer un llamado a invertir en el Perú, y al mismo tiempo insista en llevar adelante una absurda, inoportuna e ilegal asamblea constituyente de dudosa conformación para sacar una nueva Carta Magna al estilo Venezuela, Cuba o Nicaragua.

El jefe de Estado debería entender que nadie va a traer su plata al Perú si es que sigue en pie el sacar adelante una nueva Constitución y peor aún, si es que los ejecutores de este despropósito son personajes como Vladimir Cerrón, el investigado por el delito de terrorismo Guido Bellido y Guillermo Bermejo, quien según el Ministerio Público es cómplice de los salvajes Quispe Palomino, que operan en el VRAEM traficando droga y matando militares y policías.

A quién en su sano juicio se le puede ocurrir traer su plata de afuera para que luego, con la Constitución de Cerrón, Bellido y Bermejo, le expropien todo o lo metan preso por criticar a un gobierno abusivo. ¿No es eso acaso lo que hacen las tiranías comunistas como las que inspiran a Castillo y compañía? ¿No detestan ellos la propiedad privada y más si es de capitales extranjeros? Veamos nomás a la premier Mirtha Vásquez, que de un plumazo quiso cerrar cuatro operaciones mineras.

Hace pocos días hemos visto a la congresista oficialista Margot Palacios en Managua, lanzando loas a la tiranía de Daniel Ortega, quien también fue felicitado por impresentables como Nicolás Maduro (Venezuela) y Miguel Díaz Canel (Cuba). A la legisladora del lápiz no le importó ir a saludar a la dictadura que ha convertido a Nicaragua en un paria del mundo. Con la nueva Carta Magna, entraríamos directamente a ser parte del “club” que integran estos sujetos.

El presidente Castillo pudo cortar por lo sano esta iniciativa de la nueva Constitución. Bastaba promulgar una iniciativa del Congreso que además tenía el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el sentido de que toda consulta popular debía pasar primero por el Parlamento. Pudo actuar de manera responsable dando estabilidad y predictibilidad al país para atraer capitales. Pero no. Le salió el “sindicalista básico” capaz de incendiar la pradera en nombre de posturas absurdas.