EEn los últimos años el Perú ha evidenciado actos de convulsión social. Precisamente fue un 2 de abril del 2004, cuando se iniciaron las revueltas en la ciudad de Ilave, donde 24 días después y ante la desidia del Estado, el entonces alcalde Cirilo Robles Callomamani fue linchado en acto público el pasado 26 de abril, acusado de actos de corrupción que no se llegaron a demostrar, salgo algunos hallazgos de irregularidades.
Aquel luctuoso hecho hizo revivir la novela Fuente Ovejuna, en la que un pueblo que durante más de tres semanas pedía la intervención de la Contraloría General de la República para que ausculte la gestión del malogrado alcalde. Pero ésta no llegó hasta dos meses después.
Pero la inacción también vino de la Policía. En ese entonces, el coronel PNP Raúl Becerra Velarde, entonces jefe de la Región Policial Puno, pudo oír los lamentos de la esposa del finado, cuando éste era ajusticiado en la Plaza de Armas, pero no envió contingentes a reprimir las turbas. Ante la indiferencia, los aymaras tomaron la comisaría en horas de la noche, prendieron fuego al puesto y desde señal en vivo, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, daba la orden -en medio de la impotencia-, de que defiendan las armas, que no permitan que los revoltosos se hagan de ellas. Nada más.
Desde aquel linchamiento, la ola de justicia social se diseminó por todo el país. Los pueblos, ante la dilación de procesos judiciales, la liberación de delincuentes, la impunidad campeante, digirieron que había llegado el momento de apelar a la justicia consuetudinaria, esa que castiga, aun vulnerando los derechos a la vida.
Se asumió que los linchamientos eran una forma de hacer justicia por "mano propia" pero esta concepción está alejada de los ideales de justicia. La justicia está basada en la equidad, la imparcialidad, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana. La idea del "ajusticiamiento comunitario" muestra un desconocimiento de las leyes y puede ser interpretado como un desafío al Estado, pero se justifica en la inercia de la justicia y la corrupción en la administración de ésta, que se ha desacreditado. Y es que el Estado no funciona como democracia verdadera y el derecho del pueblo no se respeta, entonces la gente de las bases tampoco va a tener respeto por los principios democráticos de los derechos humanos. Condenamos los linchamientos, pero buscamos una respuesta a las conductas sociales.
Es entonces, el momento de reflexionar sobre el verdadero papel que deben cumplir los operadores de justicia: Policía, fiscales, jueces, Contraloría, sumadas a la labor fiscalizadora de las autoridades. Los comités de Seguridad Ciudadana deben desarrollar acciones en conjunto para hacer frente a este fenómeno social, ahora nuestras autoridades, la sociedad civil y los vecinos organizados, amparados por la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, deben promover fórmulas para revertir la idea de impunidad.
En el Perú ya nos hemos acostumbrado a los linchamientos como parte de nuestra realidad. Las secciones policiales de los diarios reportan con sorprendente regularidad sobre estos hechos.
Pero en la medida de que el sistema judicial sea débil y muchas veces corrupto, la "justicia popular" será vista como una alternativa horrible, atroz y necesaria.
Pero los autores mediatos de estos actos en pleno siglo XII son precisamente los que tienen el encargo de la justicia, y no somos exagerados, los actos de ayer en Jayllihuaya, y el anterior, del fiscal corrupto en Carabaya, dan muestra de la desconfianza en este aparato.
