Ayer, la Policía Nacional del Perú hizo prevalecer el estado de derecho y recuperó las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que habían sido tomadas por manifestantes que, según una denuncia de las autoridades de la misma casa de estudios, habían agredido y robado a los agentes de seguridad privada destacados dentro del claustro universitario.

Esta acción policial, realizada en el marco del estado de emergencia y comprendida dentro de la flagrancia delictiva, es destacable pues con ella se logró recuperar el control del recinto sin mayores daños materiales ni heridos que lamentar.

Bajo estos parámetros, el operativo puede ser calificado como exitoso, pero lo cuestionable es que, aunque la flagrancia los exima de este paso, no contó con un equipo de fiscales para garantizar el debido proceso. Así, dieron espacio a quienes ahora buscan victimizar a los intervenidos dentro de la ciudad universitaria.

Recordemos que la policía está siendo cuestionada por su accionar frente a las protestas a nivel nacional y que nada justifica un accionar desmedido, pero tampoco se puede quedar cruzada de brazos ante los ataques en su contra pues cuando hay casos de vandalismo, las fuerzas del orden tienen la obligación de responder