Cualquier discurso demagógico que aliente una mayor descentralización indiscriminada y de paso culpe a Lima por el atraso de las regiones y distritos, chocará con la realidad de ver a tantos gobernadores regionales y alcaldes implicados en actos de corrupción que lejos de usar los recursos que tienen para mejorar las condiciones de vida de su gente, se llevan la plata a sus bolsillos.
De qué vale dar mayores recursos y aplicar menos controles al uso de estos dineros públicos, si en estos momentos tenemos a por lo menos 16 gobernadores –de 25– con serios problemas ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, en su mayoría por ser miembros de presuntas organizaciones criminales. Y ni qué decir de los alcaldes provinciales y distritales.
Tenemos los ejemplos de César Álvarez, en Áncash; Vladimir Cerrón, en Junín; Gerardo Viñas, en Tumbes, o Elmer Cáceres Llica, en Arequipa. Con esta gente, ni con todo el dinero del mundo en sus arcas regionales se iba a poder hacer algo en favor de los ciudadanos que los eligieron, pues más estaban pensando en cargarse la plata.
Para comenzar a cambiar las cosas, el primer paso debe ser que los ciudadanos comiencen a elegir bien. De qué vale tener recursos si estos van a caer en manos de verdaderos cabecillas de bandas a las que intervienen de madrugada como a Cáceres Llica. Y de esto, la culpa no lo tiene Lima.
