Reforma de la Salud Pública
Reforma de la Salud Pública

En la anterior columna nos ocupamos de las grandes reformas que necesita el Perú para seguir creciendo con progreso social. Nos referimos a cinco grandes temas: primero, la reforma de la educación pública –especialmente en la educación inicial, primaria, secundaria y técnica–; segundo, la formalización, para que las pequeñas empresas puedan contratar a trabajadores con seguros y pensiones; tercero, la creación de un servicio civil competitivo que incluya al Gobierno Central y a las regiones y grandes municipalidades; cuarto, la seguridad ciudadana; y, finalmente, la promoción de la educación cívica y el deporte en la juventud, sobre todo en los barrios y zonas más pobres.

Un elemento en el cual estamos todavía bastante atrasados es la salud pública, en la cual invertimos alrededor de 2.5% del producto interno bruto, una suma obviamente insuficiente. Este faltante nos coloca en una posición de gran retraso en los ranqueos internacionales de bienestar social, tales como el índice que hace anualmente el Foro Económico Mundial. Sin duda, ha habido bastante mejora en los últimos veinte años: expectativa de vida que alcanza los 72 años, reducción de la mortalidad infantil, programas nacionales de vacunación y prevención, y muchos otros logros. El Ministerio de Salud en la actualidad está promoviendo nuevas medidas para alentar la formación de asociaciones público privadas en salud, dirigidas principalmente a las clases económicas emergentes.

Pero nadie duda que, a pesar de estos esfuerzos, todavía hay mucho retraso. Por ejemplo, nuestra tasa de mortalidad infantil es el triple de la de países tan distintos como Chile y Tailandia. Todavía tenemos epidemias de dengue, en la Sierra hasta un tercio de los chicos sufren de desnutrición, y el Perú todavía alberga epidemias de tipos de tuberculosis muy difíciles de controlar: a ellas contribuye el hacinamiento urbano y el transporte público insalubre.

Y, finalmente, sigue la huelga médica: las autoridades no ceden y los médicos, aunque el número de huelguistas disminuye, tampoco. En muy pocos países del mundo hay huelgas médicas. La razón en el Perú es simple: los sueldos que paga el Ministerio de Salud a sus médicos y enfermeras, a pesar de que han mejorado, todavía son muy bajos si se comparan internacionalmente. Por eso "exportamos" cada año miles de médicos y enfermeras que buscan un futuro mejor en Norteamérica, Europa y también en Brasil.

Para plantear una verdadera reforma necesitamos metas claras: reducir la mortalidad infantil a no más de 5 por mil nacidos vivos (hoy 17), eliminar totalmente la desnutrición infantil, tratar de eliminar –si fuera posible– las enfermedades epidémicas más graves, tal como la tuberculosis, por ejemplo. Debemos tomar el toro por las astas: hay una duplicidad de esfuerzos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo: este último controla EsSalud y sus hospitales, y le paga más a su personal que el MINSA. También tenemos hospitales militares y de la Policía. Todo este sistema encarece los medicamentos, crea duplicidad administrativa y aumenta los costos públicos. Obviamente hay mucha resistencia a unificar los sistemas, pero es algo que se debe estudiar seriamente. Hay experiencias en el sector público, como por ejemplo en el Hospital Loayza, que demuestran que es factible tener diagnóstico y tratamiento de alto nivel en instituciones públicas, pero la duplicidad de los sistemas complica un esfuerzo integral.

Hay otros aspectos que pueden ayudar en la salud pública. Por ejemplo, la creación del programa "Juntos" en 2005 ha ayudado a la vacunación y la salud de las madres gestantes en las zonas más pobres del Perú. Otro aspecto esencial es la reforma del sistema de agua potable y saneamiento, al cual tienen acceso solamente 2/3 de los peruanos. El actual gobierno promovió en 2013 la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, la cual pondría bajo control del Gobierno Central a las empresas regionales de saneamiento deficientes. El problema es que la gran mayoría de las más de 50 EPS son deficientes, porque pierden entre 35% y 50% del agua que procesan. Lo que estas empresas necesitan es que los usuarios insistan en un mejor servicio, transformándose de usuarios en accionistas, y le abran el acceso a capitales para la infraestructura, como por ejemplo de los fondos de pensiones. Por ahora no se ha promovido una verdadera reforma de este tipo por temor a reacciones "políticas" que no se conocen bien. Sin agua limpia no hay salud. Es fundamental integrar la reforma de la medicina pública junto con el saneamiento moderno: ningún país en el siglo XXI que pretende tener "grado de inversión" puede ignorar estas reformas básicas y elementales.

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