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La actual debilidad de la democracia peruana se origina en la desestructuración de toda forma de organización social colectiva, impulsada tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, realizado con el apoyo de sectores de la Fuerzas Armadas, por el entonces presidente Alberto Fujimori.

Las sociedades como los Estados son colectividades en permanente construcción, con el objeto de ser más eficientes en la producción de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades, así como con el propósito de eliminar los abusos en el ejercicio del poder y la corrupción -dos males que siempre se presentan en el ejercicio abusivo del poder y la autoridad-. El sistema político electoral peruano requiere cambios profundos para, en primer lugar, propiciar la renovación política, abriendo las puertas a la participación de nuevas agrupaciones políticas, dejando de lado la exigencia de presentar un 4% de firmas válidas para inscribir nuevas agrupaciones, cuando todos los partidos actualmente vigentes lo han hecho con el 1%. El financiamiento de los partidos y sus campañas electorales debe ser transparente, con límites razonables que impidan que la política sea un negocio y no una actividad social colectiva. Se debe prohibir toda forma de financiamiento delictivo, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo; debe exigirse que cumplan con realizar sus eventos colectivos estatutarios y con la formación ciudadana de sus militantes y activistas. Se necesita fortalecer la democracia interna, con elecciones democráticas bajo supervisión de los organismos electorales, de sus dirigentes y candidatos, bajo el principio de un militante un voto.

La democracia de un país, para fortalecerse, necesita de partidos fuertes, organizados y democráticos.