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Las propuestas de reforma política, de las que hizo cuestión de confianza el Gobierno, resultan de importancia y relevancia. Cómo oponerse a regular la inmunidad parlamentaria para que esta no se convierta en impunidad, ¿o no es indispensable normar que las personas condenadas no puedan ser candidatos? Se requiere garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia, prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales. Pero la composición del actual Parlamento no garantiza aprobar estos cambios.

Sorprende que Fuerza Popular, permanentemente opuesto a la reforma política, votara a favor de otorgar el voto de confianza, evidenciando su temor a perder privilegios y la inmunidad parlamentaria, buscando proteger a quienes tienen serios cuestionamientos judiciales, y como dijera textualmente un parlamentario de la bancada mayoritaria: “(…) Si no tuviera inmunidad, ya no estaría acá en el Congreso ahorita, sino debería estar seguramente en la cárcel”.

La mayoría parlamentaria continuará el blindaje a personas que, por lo menos, deberían ser investigadas para deslindar responsabilidades. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una vez más han impedido la investigación al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, y a la congresista Yesenia Ponce lo mismo en la Comisión de Ética, que no permitió indagar si una congresista mantiene conflictos de intereses por su vinculación con empresas pesqueras.

Este Congreso será recordado no por las reformas, sino por sus blindajes.