​Respuesta a la CNDDHH

La CNDDHH publicó el comunicado: “Esterilizaciones forzadas: Las falacias de Cecilia Villegas”, donde expresa su “contundente rechazo” a los resultados de mi investigación sobre el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) implementado entre 1996-2000. Y califica de “grave que medios de comunicación me inviten a presentar los resultados.

El PSRPF, siguiendo los lineamientos de las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995), buscó reducir las altas tasas de mortalidad materno-infantil en los segmentos más pobres, pues sus indicadores de salud eran entre tres y cinco veces peores que en Lima: si en Lima la mortalidad materna era 185 por 100,000nv, en Ayacucho era 1039. Si en Lima morían 26 niños por 1000nv, en Huancavelica morían 106 y si la tasa de fertilidad en Lima era de 2.6, en Huancavelica era de 6.5 hijos por mujer. Solo uno de cada cinco nacimientos ocurría en un hospital. En 1993 una madre moría cada 5 horas por causas relacionadas con el embarazo, parto y post-parto.

El programa buscó garantizar que mujeres pobres accediesen a servicios de salud gratuitos, beneficiando anualmente a 850,000 familias. El PSRPF informaba y educaba sobre sexualidad y proveía de todos los métodos anticonceptivos, incrementó el número de centros de salud, impulsó el cuidado pre y post-natal y los partos institucionalizados. Como resultado redujo la mortalidad materna en 30%. En 1997, el año que más AQV se realizaron, el 33.6% de usuarias eligió Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU, 12% condones y el 13% eligió una AQV. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV. Para 1998 solo el 3% escogió una AQV. ¡El 97% eligió un método distinto!

La Defensoría emitió 4 informes documentando 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento. En ninguno consideró que existía una política de Estado de esterilización forzada. Por el contrario, el informe N° 69 revisó el periodo de 1999 a 2002, incluyendo denuncias de casos ocurridos durante el gobierno de Toledo, y concluyó que “aunque los servicios de PF no favorecían la AQV, hubo reportes de casos aislados.”

Ninguna mujer debió ser esterilizada sin consentimiento. Los médicos responsables debieron ser llevados a la justicia y las víctimas resarcidas. La utilización política del programa llevó a su cancelación, que resultó en la caída del uso de anticonceptivos de 50.4% en 2000 a 44% en 2004. En el área rural cayó a 37% donde 62.5% de las mujeres no quería tener más hijos, pero solo 6.7% había accedido a AQV. La atención de pacientes con aborto incompleto aumentó de 35,000 en 2000 a 41,993 en 2003. Y la CNDDHH quiere que estas cifras no se conozcan en la medida en que ello atenta contra sus intereses particulares.