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La informalidad que por años existió en el sistema de educación superior del país poco a poco acaba con la vigencia de la Ley Universitaria 30220 que se aprobó en el 2014, pese a cierta resistencia.

Han transcurrido cinco años desde la promulgación de esta norma y los resultados son auspiciosos. La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), en cumplimiento de dicha ley, licenció a 76 centros de enseñanza que cumplen las condiciones y exigencias establecidas, y se espera que otras también lo logren.

Esta reforma en el nivel universitario era necesaria para alcanzar y garantizar la calidad de educación que brindan diferentes instituciones públicas y privadas. Algunas ya lo hacían en ese marco, pero la mayoría se dedicó a lucrar y a descuidar el verdadero rol que debían cumplir en la formación de profesionales debidamente preparados.

Varias de ellas tenían como pantalla dicha denominación, pero en la realidad expedían títulos sin la garantía correspondiente.

El objetivo principal de la Ley Universitaria apuntaba a la calidad, la cual permitió a la Sunedu detectar una serie de estafas con futuros profesionales, como los 60 programas no autorizados que brindaban 17 universidades, aparte de 11 falsos centros que se jactaban de ofrecer carreras sin contar con el permiso oficial.

Los cambios se están dando y resulta óptimo que así sea en un sector tan lleno de problemas como es el educativo, el cual durante años poco importó. La reforma debe continuar en la educación superior y en los otros niveles, para lograr forjar un mejor país.

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