La pandemia del coronavirus ha desnudado al sistema de salud, público y privado. Ha puesto en evidencia los límites constitucionales para regularla al no permitir la planificación ni atender eficazmente situaciones de emergencia, a políticos y congresistas que buscan cámara y no piensan en el país, a los gobernantes que no se atreven a aplicar el artículo 82° de la Ley General de Salud:
“En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes” (promulgada el 15-7-97, por Alberto Fujimori).
Las clínicas privadas firman contratos con el Gobierno para atender a los pacientes con COVID-19 por una tarifa plana de S/ 55,000 (más IGV S/ 64,900), equivalente a 70 remuneraciones mínimas vitales y son las que, en la práctica, obligan a comprar medicamentos con precios sobrevalorados, pudiendo ser hasta más de 300 veces el precio en otros establecimientos. Denuncias y pruebas se encuentran en todo momento.Esta pandemia plantea la necesidad impostergable de un nuevo sistema de salud pública con capacidad de atención a todos los peruanos, sin abandonarlos en manos voraces de negociantes de la salud. No podemos continuar haciendo de la vida un negocio escudados en la libertad de empresa
El acceso a la salud es un derecho humano y un bien público. Garantizarlo debiera ser una prioridad del Estado y la sociedad, y para ello necesitamos planificar. Por eso se requiere modificar la Constitución y restablecer la planificación para avanzar en construir un efectivo sistema público de salud.
