La satanización mediática de la pesca industrial ha generado en el Estado peruano una insensibilidad hacia este sector, evidenciada en su falta de atención a la situación crítica que viven los pescadores industriales. No se consideran aspectos como las míseras pensiones que reciben al jubilarse o la deficiente atención médica que reciben de EsSalud.

A pesar de los esfuerzos de gremios de pescadores por mejorar sus condiciones, solo encuentran la indiferencia del Estado. Peor aún, con la Ley 31622, se ha criminalizado la pesca industrial, al no poder resolver los problemas mediante vías administrativas. Esta ley, originalmente diseñada para combatir organizaciones criminales, ha incluido una agravante que convierte a los pescadores en miembros de una organización criminal si cometen el delito de extracción o tráfico ilegal de especies.

Sin embargo, la pesca es una actividad legal y fundamental para la economía peruana, siendo Perú el mayor productor mundial de harina de pescado. No hay comparación entre la pesca y las actividades delictivas a las que se dirigía la norma. La extracción que supere el porcentaje permitido es una infracción administrativa, y no debería considerarse como parte de una organización criminal.

Es desproporcionado tratar a los pescadores industriales con las mismas medidas que se aplican a verdaderos criminales, utilizando técnicas como interceptaciones, operaciones encubiertas, llegando incluso a iniciar un proceso de extinción de dominio sobre la embarcación y dejar sin centro de trabajo a su tripulación, ¿no es acaso una desproporcionada acción en contra de una actividad legal como es la pesca industrial?Esta ley debe ajustarse para reflejar la legalidad y dignidad del sector pesquero, evitando criminalizar una actividad que es vital para el país. Es urgente que los legisladores reconsideren la aplicación de esta norma para no seguir afectando injustamente a la pesca industrial.