El próximo martes 21 de julio vence el estado de emergencia declarado por el Gobierno en la provincia de Islay, Arequipa, que en abril y mayo fue escenario de violentos sucesos promovidos por antimineros que rechazan la ejecución del proyecto Tía María, dejando como saldo la muerte de tres manifestantes y un efectivo policial, además de millonarias pérdidas en la economía de la zona.

Hoy son 50 días de la emergencia y durante este tiempo el Ejecutivo no desarrolló acciones que permitan restablecer el diálogo con las autoridades de la provincia con la finalidad de poner en marcha las mesas de trabajo anunciadas, las cuales fueron desconocidas por los lugareños.

Quedan 10 días para que concluya la medida, declarada el viernes 22 de mayo, que busca reponer la tranquilidad y el orden en la zona, lo que la mayoría demanda.

Algunos alcaldes y dirigentes anunciaron, en las últimas horas, de manera temeraria, que retomarían las protestas, mientras que la Policía solicita que la emergencia se extienda ante informes de inteligencia que advierten que los violentistas se vienen reagrupando para volver a la provincia.

Preocupa que el Gobierno no haya aprovechado este tiempo para tender los puentes a fin de dialogar y explicar la importancia de las mesas de trabajo en favor de los pueblos de la provincia.

La presencia del Ejecutivo en Islay solo se dio en los primeros días de la emergencia y los ministros nunca más volvieron para ponerse a trabajar.

La peligrosa inacción estatal se refleja en la preocupación de la población, que expresa su temor ante el posible retorno de la violencia y el caos.

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