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A la negativa del gobierno uruguayo de otorgarle asilo político al expresidente Alan García se sumó en las últimas horas la decisión del gobierno español de rechazar un amparo similar que había solicitado el exjuez supremo César Hinostroza, vinculado a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Lo que ha sucedido es que los países son conscientes de que la lucha contra la corrupción es una prioridad y que no debe existir impunidad”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio. Con ello grafica claramente que, pese a que algunos personajes de nuestro país aparenten vivir en un mundo aparte en el que se les puede conceder todos sus deseos, lo que se está imponiendo es el Estado de Derecho.

Con las repercusiones de los casos de Alan García y César Hinostroza se han magnificado consignas como la supuesta persecución política en el Perú con el fin de activar las alarmas y provocar problemas internos.

La intención de ambos fue crear una imagen del Gobierno de intransigencia, juego sucio y revanchismo. A falta de sensatez y prudencia para enfrentar investigaciones fiscales y judiciales, ambos pegaron el portazo en el aspecto político, una vía más rápida para tener la atención mundial.

Uruguay y España entienden que en el Perú hay independencia de poderes y que hay garantías para que denunciados, acusados o investigados se defiendan sin restricciones. Es evidente que en nuestro país se impone el marco legal, y hay que respetarlo. En el extranjero no se distorsiona la figura del asilo político, tal como precisó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

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