Este 3 de octubre, en la explanada de Sacsayhuamán, Cusco, el presidente Pedro Castillo presentó al país la llamada “segunda reforma agraria”, proyecto que apunta a desarrollar la producción agropecuaria del país.

Sometido a las leyes de mercado, sin acceso a una constante innovación tecnológica y sin renovación de recursos, este sector pierde y transfiere valor económico a otros sectores económicos con mayor capacidad de innovación tecnológica.

Países con economías más desarrolladas aplican políticas de apoyo a la producción agropecuaria como parte de sus políticas de seguridad alimentaria. Estados Unidos, los países europeos y el Japón, subsidian este sector, conscientes de su importancia en la subsistencia humana.

Pensar en pleno siglo XXI que el libre mercado resolverá la asignación eficiente de los recursos productivos y rechazar las políticas de protección y seguridad alimentarias, es un dogmatismo que no responde a la realidad.

El gobierno ha presentado 9 ejes de política: seguridad alimentaria, asociatividad, riego, agro Secigra, industrialización rural, mercado y compras estatales, crédito, articulación territorial, repoblamiento ganadero. Es un buen comienzo.

Con esta iniciativa se ha colocado en la escena política la importancia de un tratamiento especial del sector agropecuario, rescatando la importancia de las unidades agrícolas familiares, por su número y por la situación económica que atraviesan, además de haber sido ignoradas durante los gobiernos anteriores.

Es preciso señalar que se necesita superar errores pasados. La asistencia técnica, crediticia y de colocación de productos debe ser continua desde el Estado, además de respetar y potenciar la asociatividad comunera.

La segunda reforma agraria es necesaria no solo como acto de justicia reivindicativa con los campesinos, sino como necesidad de seguridad pública. Esperamos un debate serio al respecto.