El Ejecutivo tiene en sus manos la oportunidad de diseñar las estrategias necesarias que permitan detener la inseguridad ciudadana, que cada mes registra mayor incidencia, ubicando al país en un territorio en donde existe la sensación de haber perdido la lucha en contra de la delincuencia.
El Congreso de la República, cerca a la medianoche del jueves último, y con 78 votos a favor, le otorgó las facultades para legislar en materia ciudadana y lucha contra la criminalidad por 90 días calendario.
Lo expuesto por el premier Pedro Cateriano, así como por los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe y de Justicia, Gustavo Adrianzén, es el clamor de la ciudadanía que demanda y exige devolver al país la tranquilidad y seguridad del caso.
Es más, los diferentes estudios de opinión coinciden en señalar que la principal demanda de la población al Estado es apostar más en este problema y que se evidencien soluciones inmediatas y tangibles, castigando -sobre todo- a quienes de la delincuencia hicieron su oficio diario para lucrar.
Hay regiones como Trujillo, Chiclayo, la misma Lima, Ica, Huánuco, entre otras, en donde el sicariato avanzó de manera peligrosa y por ello urge aplicar los mecanismos que el gobierno imponga, a través de los decretos legislativos que sean necesarios.
La inseguridad, en todas sus modalidades, debe detenerse y desterrarse, pues solo así se garantizará la paz nacional y con ello tanto las inversiones privadas como públicas no se pondrán en riesgo, sobre todo en tiempos que se requiere generar más empleos y recursos.
